La instalación de megaplantas de energía fotovoltaica en varios municipios de la Campiña de Jaén ha entrado en la vía judicial al admitir un Juzgado la denuncia interpuesta por una plataforma de olivareros contra la Junta de Andalucía y las empresas promotoras. También el Defensor del Pueblo Andaluz ha llamado la atención sobre la falta de control normativo en la expansión de estas centrales de produccón de energía solar, mientras que un estudio de la Universidad de Málaga ha advertido de su impacto en las zonas rurales.Por un lado, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Andújar (Jaén) ha abierto diligencias por posibles delitos contra la flora y la fauna y prevaricación ambiental tras la denuncia interpuesta por la plataforma Campiña Norte contra la instalación de varias megaplantas fotovoltaicas en los municipios jiennenses de Lopera, Arjona y Marmolejo. La denuncia de la plataforma de agricultores afectados por las expropiaciones de miles de olivos se dirige contra las delegaciones provinciales de Economía y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (que es quien aprueba en última instancia los proyectos y las expropiaciones) y también contra las empresas promotoras, Greenalia Solar Power y FRV Arroyadas.Tras la apertura de diligencias judiciales la plataforma considera que, ahora, los ayuntamientos deberían de abstenerse de otorgar licencia alguna y, en caso de haberlas concedido, parar de inmediato los permisos de obras por entender que, en caso de prosperar la denuncia, tendrían responsabilidad penal y civil por todos los daños ocasionados por las obras. Mientras tanto, para los días 24 y 26 de marzo se han notificado nuevas expropiaciones de olivos. De momento, son ya más de 5.000 los árboles talados aunque la cifra se elevará a más de 100.000 si prosperan todas las actas de expropiación.El portavoz de la plataforma Campiña Norte contra las megaplantas solares, Rafael Alcalá, ha denunciado que las empresas siguen llevando a cabo ensayos en la zona sin tener aún los permisos de los ayuntamientos correspondientes. “Y no sólo eso, si no que campan a sus anchas por parcelas colindantes, que no entran dentro de estos proyectos, generando destrozos con maquinaria pesada que han sido denunciados ante la Guardia Civil”, señala Alcalá.De igual forma, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha reconocido la falta de control en la expansión de megaplantas fotovoltaicas en la Campiña de Jaén. En una respuesta a la queja presentada por Francisco Jesús Sevilla, concejal de Izquierda Unida en Lopera, el Defensor confirma la existencia de un grave problema de descontrol normativo, reconociendo que la legislación actual, como la Ley para el Impulso de la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) de la Junta de Andalucía, ha eliminado trabas administrativas y ha dejado a los ayuntamientos sin capacidad de decisión.Además, advierte sobre la falta de una planificación territorial adecuada, señalando que hubiera sido necesario un mapa de zonificación para determinar dónde se pueden instalar estas infraestructuras sin dañar la economía y el medio ambiente de los municipios afectados. “Los poderes públicos han priorizado las plantas solares sobre el control y la participación”, puntualiza Maeztu.El edil de Izquierda Unida, que ha retirado su apoyo al Gobierno municipal del PSOE, ha alertado de una implantación masiva y descontrolada de estos proyectos, “que está arrasando olivos centenarios y amenazando el modelo económico tradicional de la comarca, sin la participación de los vecinos ni de los ayuntamientos”. Además, señala que las empresas están dividiendo artificialmente los proyectos para esquivar controles estatales y que los métodos de negociación con los agricultores han sido, en muchos casos, coercitivos y abusivos.No obstante, pese a reconocer la problemática, el Defensor del Pueblo de Andalucía afirma que su margen de actuación es limitado y que los afectados deben acudir a otras instancias. Así, en relación a la denuncia sobre la fragmentación fraudulenta de los proyectos, recomienda denunciar ante la Administración o la Oficina Antifraude de Andalucía. Y sobre las supuestas presiones a agricultores por parte de las empresas promotoras, el Defensor cree que debería ser investigado por la Fiscalía.
Impacto negativo en el medio rural
Y mientras, un estudio de la Universidad de Málaga asegura que la instalación de plantas de energía fotovoltaica en zonas rurales (que ya están afectadas por el cambio climático), puede generar una serie de impactos negativos en el medio ambiente y los recursos hídricos de estas zonas, además de una transformación profunda del modelo productivo rural, al afectar a actividades agrarias tradicionales que son fundamentales para la generación de empleo y para la sostenibilidad económica y social de estas zonas.Según el informe sobre los impactos territoriales de la instalación de plantas de producción fotovoltaica en los municipios malagueños de Alozaina, Casarabonela, Coín, Guaro y Tolox, estos proyectos convierten a estas áreas rurales en verdaderos “territorios de sacrificio, en los que los beneficios son externalizados mientras que los costos recaen sobre las poblaciones locales y el medio ambiente”.“La implantación masiva de infraestructuras energéticas industriales conduce a una nueva especialización del territorio, marcada por fuertes dependencias externas. Estas incluyen dependencias financieras, debido al control de fondos de inversión sobre el capital necesario para estos proyectos; dependencias mercantiles, dada la volatilidad de los precios en los mercados eléctricos; y dependencias tecnológicas, ya que los territorios quedan atados a tecnologías específicas, como la fotovoltaica, cuya producción y mantenimiento suelen estar dominados por actores externos a la región”, se expone en el estudio de los profesores José Damián Sinoga, Matías Mérida Rodríguez y Juan Marcos Castro Bonaño. Y concluye reclamando “una planificación más cuidadosa y equitativa de la transición energética, priorizando modelos descentralizados, socialmente inclusivos y respetuosos con los sistemas productivos locales y el entorno natural”.De otro lado, la plataforma ciudadana ha presentado ante la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía un escrito informando del descubrimiento de varios hitos arqueológicos (enterramientos, restos de estructuras o cerámicas) en varias de las parcelas donde se pretende instalar las placas fotovoltaicas y las líneas de evacuación, solicitando la paralización de cualquier licencia de obra a los ayuntamientos. Por esta zona discurrió durante siglos una de las arterias que comunicaban el puerto de Cádiz con Roma. Los cartagineses la llamaron Camino de Aníbal, después fue llamada Vía Heráclea o Hercúlea y, finalmente, tras ser terminada y modernizada por orden del emperador romano César Augusto, tomó el nombre de Vía Augusta, por donde se trazó la antigua carretera Nacional IV de Andalucía.
