La Organización Marítima Internacional (OMI), una agencia dependiente de la ONU de la que forman parte más de 170 países, ha aprobado este viernes la creación de un sistema mundial para gravar las emisiones de efecto invernadero de este sector. El nuevo mecanismo, que no convence a los países más ambiciosos y activistas, ha salido adelante sin el consenso de todos los Estados, y se ha tenido que recurrir a una votación. En cualquier caso, lo acordado implica que a partir de 2028 todos los buques tendrán que utilizar una mezcla de combustibles que emitan menos gases o pagar en función de lo que expulsen a la atmósfera. Y los que empleen las formas de propulsión más verdes recibirán a cambio derechos de emisión con los que podrán comerciar.La adopción de este sistema se ha producido tras unas negociaciones en Londres durante esta semana. El objetivo global que tenían los delegados reunidos era definir cómo conseguir el sector marítimo internacional alcance las emisiones netas cero en 2050, pasando por reducirlas entre un 20% y un 30% en 2030, y entre un 70% y 80% en 2040. Implicar a este sector en la lucha climática es vital, porque las emisiones generadas por barcos y buques no están en estos momentos limitados por ningún otro tratado internacional y representan aproximadamente el 3% de los gases de efecto invernadero que emite el ser humano, una cifra similar a lo que expulsa toda la economía de Japón.Aunque normalmente estas suelen ser unas negociaciones sin muchos sobresaltos, las de esta semana han sido atípicas. Según publicaron varios medios y agencias de noticias, Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, amenazó a las delegaciones presentes en la reunión con “tomar medidas recíprocas” a aquellos países que respaldaran imponer un gravamen a las emisiones del sector marítimo.Finalmente, se ha llegado a un acuerdo para efectivamente ponerle precio a las emisiones en el que se incluye también un comercio limitado, una solución que buscaba la conformidad entre los países. Pero la decisión no se ha podido tomar por consenso, como suele ocurrir en estas citas. A última hora, Arabia Saudí pidió votar la propuesta, que ganó con 63 votos a favor, 16 en contra y 25 abstenciones. Naciones en orillas contrarias estaban insatisfechas.A la negativa del país árabe se sumaron otros gigantes petroleros, como Qatar y Omán, mientras que las pequeñas islas del Pacífico y los Estados más vulnerables ante el cambio climático, como las Islas Marshall y Tuvalu, prefirieron abstenerse. “No hubo inclusividad ni transparencia en el proceso”, denunció precisamente el delegado de Tuvalu al cierre de la plenaria de la OMI. Desde 2011, el comité ambiental de la organización no había tenido que llevar a votación ningún documento, porque todos se venían cerrando por consenso. Una muestra más del complicado momento que se vive y que también afecta a este tipo de negociaciones.El arreglo al que se llegó finalmente incluye varios niveles. Dependiendo de la intensidad del combustible que use cada barco y de las emisiones que genere, este podría caer en tres categorías: los más contaminantes, los que están haciendo un esfuerzo por transitar a energías más limpias y los que están generando pocas o cero emisiones. A partir de 2028, los primeros deberán pagar 380 dólares por cada tonelada de CO₂ equivalente que expulsen; los segundos 100 dólares; y los terceros nada. Este último grupo, además, podrá venderles a los primeros el cupo de las emisiones que no está generando para que pueda compensarlas. Los recursos generados por las tarifas del primer y segundo grupo irán a un fondo común que ayude a las naciones en la transición energética marítima.Es una medida mixta que buscaba darle paz a dos grandes propuestas con la que llegaron los países; China y Brasil, respaldados por los petroleros y los sudamericanos, que querían crear un mercado de carbono marítimo, similar al que desde hace un tiempo tiene la Unión Europea. Gran parte del resto de países, liderados por las islas, los africanos, Centroamérica y el Reino Unido, perseguían una tasa universal a través de la que se cobrara una tarifa fija por cada tonelada emitida.Pese a convertirse en la primera propuesta que va a dar pie a un comercio internacional de emisiones y ser histórica al ponerles precio a las del sector marítimo, para los sectores con más ambición climática se queda corta. Delaine McCullough, presidenta de la organización Clean Shipping Coalition dijo al final de la plenaria que “aunque un acuerdo es mejor que ningún acuerdo”, el documento no da incentivos económicos fuertes para que los dueños de las embarcaciones quieran invertir en combustibles que no generen emisiones. Según una modelación realizada por la consultora marítima UMAS, la decisión que acaba de aprobar la OMI reduciría las emisiones del sector solo en 8% para 2030, y no llegaría ni al 20% que es lo mínimo que se busca.“No hemos terminado. Volveremos”, fueron las palabras que atinó a decir el embajador Albon Ishoda, de las Islas Marshall, sobre lo que sucedió esta semana en las oficinas de la OMI. “Seguiremos en pie. Seguimos dirigiendo”.
22 abril, 2025
