Carmen Suárez paseaba por la carretera en las inmediaciones de su pueblo Sonande (Cangas del Narcea, Asturias) el 30 de mayo de 2021 cuando se topó con un oso que se cruzó en su camino de forma fortuita. Tenía entonces 75 años. El plantígrado le propinó un zarpazo en la mandíbula y la tiró al suelo, lo que le provocó una rotura de cadera y la pérdida de parte de la piel de la cara y de varios dientes. Cuatro años después, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha fallado que el Principado de Asturias debe indemnizar a Suárez con 83.000 euros. La sentencia es recurrible, pero fuentes del Gobierno autonómico indican a EL PAÍS que renuncian a ello.La víctima está satisfecha por el fallo, pero le ha quedado “mucho, mucho miedo al oso”, un animal al que siempre tuvo “respeto”, contesta por teléfono desde su casa de Sonande. Recuerda que en el momento del ataque no le dio tiempo “a pensar en nada, solo en que no iba a volver a ver a nadie más”. “Nos encontramos según bajaba la carretera, yo no me moví y quedé en el suelo, después levanté la cabeza y sangraba por la boca”. Dos personas que también paseaban por la carretera la auxiliaron y pasó 10 días en el hospital.Continúa paseando por la carretera todos los días, pero va acompañada y con una muleta por los problemas que arrastra desde el ataque. Ella esperaba que todo se solucionara rápido, “porque si pagan por los animales que matan los osos y yo soy una persona, pensaba que no habría problema”, reflexiona. La recuperación fue bastante difícil: “Estuve en rehabilitación y pasé mucho y sigo pasando, no se termina de momento. Tengo que depender de la hija para muchas cosas”.En este sentido, los jueces indican que: “Debe hacerse notar la paradoja, y permítasenos la reflexión, de que el Principado indemnice los daños producidos por la cabaña ganadera, por ejemplo el lobo, pero no así los daños causados a personas”.Suárez piensa que la población de oso ha crecido demasiado. “Hace 20 años no había tantos, qué va, y ahora están por todos lados, se meten en las huertas, van a los contenedores de basura, destrozan las colmenas, es una vergüenza”, responde. En los años noventa quedaban entre 50 y 80 ejemplares en dos poblaciones aisladas en la cordillera Cantábrica. Los trabajos de conservación han conseguido que la población se multiplicara casi por cinco, y en esa zona existen en estos momentos unos 370 ejemplares. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, en los últimos 10 años este es el único caso registrado de interacción de un oso con una persona con resultado de contacto físico.“Carmen ha pasado por un auténtico calvario hasta conseguir que la justicia reconozca la responsabilidad de la Administración del Principado por el ataque del oso”, sostiene Laura Arias, abogada que ha llevado el caso junto a Juan Ramón Campo. También piden responsabilidades políticas “a quienes han negado el acceso a los expedientes, obstruyendo al máximo las reivindicaciones de quien ha sufrido un ataque semejante”, añaden los letrados.Suárez presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial en agosto de 2022 ante la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, pero no obtuvo respuesta, señala Arias. Por este motivo, decidieron interponer un recurso contencioso-administrativo ante el TSJA contra la desestimación de la petición. La respuesta oficial llegó tras estas actuaciones judiciales, rechazando la responsabilidad de la administración porque el ataque era algo imprevisible y no se señalaba el punto kilométrico en el que sucedió. “Unos argumentos totalmente absurdos”, señala la abogada Arias.Los magistrados indican en la sentencia que el oso pardo está protegido por el “ya lejano decreto 2573/1973″, explican los magistrados, “que afecta singularmente a la cordillera Cantábrica”. Por lo tanto, “la protección del espacio natural y de las especies protegidas debe asumirla y costearla la comunidad, sin que un particular tenga el deber de soportar el daño jurídico individual”, puntualizan los jueces.La sentencia concreta que “con las medidas de protección establecidas se hace más presente el oso pardo” y, por lo tanto, no es “imprevisible la interacción con el ser humano y que se puedan producir sucesos como el que estudiamos”. Dado el crecimiento poblacional, en Asturias se ha puesto en marcha un programa para controlar a los osos que denomina problemáticos, que incluye capturarlos y marcar con collares con GPS, blindar los contenedores de basura, además de utilizar balas de caucho para alejarlos de las poblaciones.