Tras una visita oficial a Australia, el relator especial de la ONU* sobre sustancias tóxicas y derechos humanos declaró que, allí donde las autoridades ven esfuerzos hacia normativas más estrictas para hacer frente a los riesgos de los productos químicos y la contaminación, las comunidades y la sociedad civil denuncian la captura del Estado en beneficio de intereses mineros, petroleros, gasísticos, agroquímicos y de otras corporaciones. “Las restricciones draconianas al derecho a la protesta pacífica en varios estados agravan la distancia entre el Estado y la sociedad”, afirmó Marcos Orellana.Orellana examinó cómo los vertidos tóxicos de las minas de carbón y las centrales eléctricas de carbón, las minas de uranio y la fumigación con pesticidas altamente peligrosos están imponiendo pesadas cargas a las comunidades. Señaló que los proyectos propuestos de petroquímica, petróleo y gas en alta mar, fracturación hidráulica e incineración de residuos plantean graves problemas sanitarios, hídricos, agrícolas y climáticos.“Las normas de calidad del aire en Australia son menos protectoras que en otros países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Además, algunas instalaciones han recibido exenciones del cumplimiento de las normas pertinentes, y las comunidades pagan el precio”, especificó.El relator especial señaló que una desconexión similar es evidente en las relaciones entre empresas y trabajadores. La normativa vigente no permite un acceso efectivo a la justicia en casos de incumplimiento de las normas de salud y seguridad en el trabajo.
Injusticias medioambientales con los pueblos indígenas
Además, existe una distancia particularmente aguda entre las autoridades y los pueblos originarios. Resulta instructivo que todas las iniciativas del Gobierno para ubicar un depósito de residuos radiactivos hayan fracasado, dejando un legado de división y acritud en las comunidades.La pérdida de sus vidas como consecuencia de la exposición a pesticidas peligrosos en la región de Kimberley, de la exposición al amianto en Wittenoom, en Australia Occidental, y de la contaminación radiactiva tras las pruebas con armas nucleares en Australia Meridional, son todas heridas abiertas, señaló el relator.”La armonización de la normativa con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas es un paso fundamental en el camino hacia la cicatrización de las heridas abiertas por las injusticias medioambientales del pasado”, añadió.En este sentido, Orellana acogió con satisfacción los esfuerzos y la buena voluntad del Gobierno en favor de una enmienda constitucional que garantice su voz mediante la creación de un órgano consultivo del Parlamento.
Hacia la economía circular y una mejor gestión
Por otra parte, Orellana también destaca buenas prácticas de la gestión australiana de sustancias y residuos peligrosos. Para hacer realidad el concepto de economía circular, las autoridades han prohibido la exportación de cuatro flujos de residuos: vidrio, neumáticos, papel mezclado y plásticos. También está instalando capacidades para el reciclaje de esos materiales. Los enfoques de gestión de productos complementan estos esfuerzos, junto con la nueva legislación sobre gestión de sustancias químicas industriales, señaló el relator.Además, Orellana aplaudió los planes de los estados para dar prioridad a la eliminación del amianto en el entorno construido y acogió con satisfacción el liderazgo del país en diversos acuerdos internacionales sobre productos químicos y residuos.
Investigaciones parlamentarias
También subrayó que las investigaciones parlamentarias son una herramienta importante para el debate público y la toma de decisiones con conocimiento de causa y elogió las iniciativas de ciencia ciudadana. “La investigación parlamentaria en curso sobre una ley australiana de derechos humanos ilustra cómo Australia está viviendo un momento importante en su camino hacia el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos, incluida la incorporación del derecho a un medioambiente limpio, sano y sostenible en el ordenamiento jurídico australiano”, finalizó.* Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
