El Poder Ejecutivo publicó este miércoles 27 en el Boletín Oficial el texto del decreto Nº 3.319 a través del cual aceptó la renuncia de Alexis Lesa al cargo de director general de Informática de la Subsecretaría de Tecnología para la Gestión y las Telecomunicaciones de la Secretaría
de Modernización.
Lesa había sido designado en la función mediante decreto N° 338, del 17 de diciembre de 2019, y ahora su dimisión, señala el texto legal, «es motivada por cuestiones de índole personal, resultando procedente la aceptación de la misma».
Los funcionarios paranaenses Alexis Lesa y Pablo Palá fueron procesados por tareas de espionaje, en primera instancia por el juez federal Julián Ercolini y ese procesamiento fue confirmado por los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, que ordenaron profundizar la investigación contra los entrerrianos. La denuncia que originó la investigación es más amplia y fue presentada en 2015 por Patricia Bullrich, hoy candidata presidencial, y por la diputada Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción.
Ambas aseguraron que más de un centenar de periodistas, políticos y funcionarios judiciales eran espiados ilegalmente a través de las denominadas OB (órdenes de observación) de la AFI (la exSIDE) que entonces era liderada por el actual senador kirchnerista Oscar Parrilli. Bullrich y Alonso entregaron una lista de personas presuntamente espiadas que incluía a miembros de la Corte Suprema, jueces, fiscales, funcionarios, periodistas, empresarios y políticos, publicó Entre Ríos Ahora.
En ese expediente, el exagente de inteligencia de la exSIDE Antonio Stiuso se presentó como querellante y aportó datos que mostraron los ingresos ilegales y sin orden judicial de la AFI a la base de datos de la Dirección General de Migraciones para saber su paradero horas antes de la muerte de Nisman. De haber hecho esas consultas se responsabiliza a los entrerrianos Lesa y Palá, quienes no solamente fueron indagados por el espionaje que concretaron, sino que, además, quedaron involucrados en la causa madre por el crimen del fiscal Nisman.
En la investigación de espionaje se suman ingresos similares respecto de la exesposa de Nisman y madre de sus hijas, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. En todos los casos, según el fallo “se activó una dirección IP asociada a un domicilio en Paraná, Entre Ríos, que era ocupado por Palá y Lesa y a un teléfono también vinculado a ellos”.
Ambos funcionarios entrerrianos siempre fueron cultores del bajo perfil, pese a que tienen numerosos contratos con el Estado provincial desde el último gobierno de Jorge Busti, aunque siempre ligados al urribarrismo. De hecho, llegaron a Busti de la mano del equipo de campaña del entonces ministro de Gobierno, Sergio Urribarri, en julio de 2006, donde se encontraban Facundo Cabrera -fundador del grupo Octógono-, Sergio Gómez e Ignacio Labarba. Por el decreto 4078, Pablo Federico Pala formalizó un primer contrato con Busti y Urribarri para la realización de contenidos en la web oficial del gobierno entrerriano. Poco después hubo otro contrato, el número 9413 del 28 de diciembre de 2006, donde se le hizo un contrato a Alexis Lesa -el otro imputado en Buenos Aires-, pero esta vez firmado por Busti y su exministro de Gobierno, Adán Humberto Bahl, actual intendente de Paraná y candidato a gobernador del oficialismo. No obstante, quien lo contrató fue el entonces subsecretario de la Juventud, Gonzalo García Garro, uno de los integrantes del tribunal que dispuso la destitución de la fiscal Cecilia Goyeneche el año pasado.
Con Urribarri gobernador, los integrantes de Octógono pasaron a ser del grupo de tareas del exministro de Gobierno, Mauro Urribarri y de su padre. Y crecieron económicamente con el aval de ambos. De hecho, hay que recordar que desde el 2008 comenzó a funcionar el sistema de los contratos truchos legislativos, donde el rol de Juan Pablo Aguilera y Mauro Urribarri fue determinante en cuanto a la logística que aportaron para su desarrollo. Y los personajes de Octógono ya estaban desplegando sus tentáculos por los diferentes organismos estatales, para ir recaudando dinero público que se le iba esquilando a contratados que solamente aportaban su nombre y DNI, pero que nunca pisaron la Legislatura.
Cuando se conoció la información por Clarín de las tareas de espionaje que realizaban, a varios los sorprendió la acusación, pero en el urribarrismo se entendió enseguida que en “algún momento” iban a caer. No pocos conocían de esos movimientos, pero siempre lo mantuvieron bajo siete llaves y fue más fácil para los operadores mediáticos del urribarrismo acusar a otros, cuando los espías estaban a sus alrededores y con una base operativa siempre importante. Lo cierto es que Alexis Lesa y Pablo Palá -cercanos al denominado grupo Octógono de Paraná- están acusados por espionaje y tareas de inteligencia ilegales nada menos que sobre el exdirector de Contrainteligencia Stiuso y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Y entre los investigadores que llevan adelante la causa en Capital Federal no se descarta que aparezcan nuevos nombres de Paraná, realizando tareas de ese tipo. “No son los únicos que hacían y hacen espionaje en la capital entrerriana o desde lugares de Entre Ríos, vinculados a este grupo. Son varios más y están sobre sus pasos. Es cuestión de tiempo solamente”, indicó una fuente judicial de Buenos Aires.
El grupo en cuestión
El denominado Grupo Octógono nació como sociedad de responsabilidad limitada en agosto de 2009, un año y medio después de la asunción de Sergio Urribarri como gobernador de Entre Ríos. Sus fundadores son Facundo Cabrera, cara visible y responsable del vínculo con los sectores público y privado, junto a tres especialistas: Bárbara Legascue (comunicación) y los procesados Lesa (informática) y Palá (sistemas). Legascue es sobrina del exagente de la SIDE, Juan Carlos Legascue (ver aparte) e hija de Jorge Legascue, exabogado defensor del ya fallecido exgobernador Enrique Tomás Cresto, cuando cayó preso por el golpe de Estado de 1976. El hermano de Bárbara Legascue es Luciano Legascue, abogado defensor de los imputados en esta causa de espionaje a Stiuso y la exesposa de Nisman.
El nombre del grupo deriva de que sus primeras oficinas se instalaron en el quinto piso del emblemático edificio Octógono, ubicado frente a Casa de Gobierno sobre calle Santa Fe, en el que alguna vez estuvo la vieja FM Paraná y donde, desde fines de los ’80, entre otros, se encuentra el estudio de Julio Federik y asociados. Es decir, el único abogado entrerriano que participó de la investigación por el atentado a la AMIA, que era lo que también investigaba el fiscal Nisman. Desde allí, el grupo creció y se hizo conocido especialmente por el desarrollo de páginas web de medios de comunicación y organismos del Estado. En un corto lapso, crearon otras empresas (Advertis y Siglo Cero) y abrieron nuevas sedes. Primero en una casa de alto en la esquina de Urquiza y Gran Chaco, desde donde se sospecha que también salió un “troyano” encontrado en el celular de Nisman. Y después en el sexto piso del edificio del Consejo Provincial de Ciencias Económicas, en calle Perú 81, y en los departamentos de la esquina de Buenos Aires y Garay, frente al Colegio Nacional.
Con esa estructura manejan o manejaron, entre otros, los sistemas y sitios web de: la Municipalidad de Paraná, el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Juventud, el portal de trámites ciudadanos del municipio, el sistema para sacar turno para el carnet de conducir, el portal Aprender del Consejo General de Educación, la web de la Facultad de Humanidades de la Uader (estrechamente ligada al urribarrismo) y la plataforma de los recibos digitales de los empleados estatales, entre muchos otros sistemas. En el sector privado, entre sus clientes figuran varios medios. También tienen a su nombre el dominio web del Partido Justicialista de Entre Ríos y aparecen cobrando importantes honorarios por tareas diversas en las rendiciones de cuentas de las campañas proselitistas del PJ. A la par, integran el registro de pauta publicitaria de la Secretaría de Comunicación de la provincia en las categorías páginas web y agencias de publicidad.
Cabrera y Legascue acompañaron al hijo del exgobernador en su gestión como ministro de Gobierno, cuando Gustavo Bordet lo designó en ese lugar en diciembre de 2015, como parte del pacto político con el exgobernador Urribarri. Se ocuparon de coordinar las tareas de comunicación de la cartera y de llevar adelante la prensa del entonces alto funcionario. De hecho, en el 2012 un grupo importante de funcionarios acompañaron a Mauro Urribarri a Estados Unidos, a un congreso sobre elecciones en dicho país. El hijo del exmandatario viajó junto a su tío directo Juan Pablo Aguilera, Facundo Cabrera, Emiliano Giacopuzzi (socio de Aguilera), Sergio Fabián Gómez (asesor comunicacional de Urribarri y actualmente junto a Adán Bahl), Bárbara Legascue, Guillermo Smaldone y Sebastián Lorenzo (exfuncionario cercano al exministro Pedro Angel Baez).
Al mismo tiempo, asistieron en materia de comunicación al exmandatario en su rol como presidente de la Cámara de Diputados, entre 2015 y 2019. Manejaron un abultado presupuesto en concepto de pauta publicitaria y se esforzaron por intentar blindar la figura de Urribarri, ya acechado por las causas judiciales, más que por dar difusión a la labor legislativa. Pero a la vez estuvieron contratados por el Poder Judicial (para el Tribunal Electoral, entre 2019 y 2021) y por el municipio de Paraná, en tiempos de Blanca Osuna y Sergio Varisco. Por los servicios prestados, antes de dejar el cargo, Urribarri los nombró a ambos en altos cargos en la cámara baja: a Cabrera como director de Comunicación Institucional, tal como figura en su perfil de Facebook, y a Legascue subdirectora del área. Los sueldos de esos puestos superan el millón de pesos. A través de allegados, los Octógono también tienen injerencia en otros organismos del Estado. Por ejemplo, el hermano de Facundo Cabrera, Lucio, es jefe de prensa y comunicación de la Administradora Tributaria de Entre Ríos. O sea, otro organismo donde se maneja información sensible.
Al término de la gestión de Urribarri como presidente de la Cámara de Diputados, el vínculo continuó. Cabrera y Legascue siguen asistiendo al exgobernador en servicios de comunicación vinculados a su situación judicial. Lo hacen desde la oficina ubicada en la esquina de Buenos Aires y Garay donde también tienen escritorio los procesados Palá y Lesa. En el quincho del último piso el exgobernador suele comer asado con periodistas, políticos y con sus abogados, con los miembros de Grupo Octógono como anfitriones.
A Lesa, por su parte, le tocó un cargo acorde a su experiencia: desde diciembre de 2019 conduce la Dirección General de Informática de la provincia, organismo que depende de la Secretaría General de la Gobernación. No obstante, aunque no se conoció comunicación oficial alguna, el martes a la tarde Bordet decidió suspenderlo en el cargo hasta tanto haya una definición de su situación procesal, . Su antecesor en el puesto, Carlos Haidar, también terminó mal: está imputado junto a Urribarri en una causa por presuntas coimas en procesos de contrataciones entre el Estado y la firma del empresario paraguayo Diego Cardona. En esa causa judicial también está imputado el exministro de Trabajo Guillermo Smaldone, quien en su paso por el Tribunal de Cuentas propició la contratación del restante miembro del Grupo Octógono: Pablo Palá quedó a cargo de los sistemas informáticos del organismo, donde también circula información delicada. Con la llegada del exdiputado provincial urribarrista Diego Lara al Tribunal de Cuentas, Palá fue ratificado en el área de informática del organismo, aunque este viernes se conoció la medida que lo deja afuera por seis meses sin goce de haberes mientras aclara su situación en la Justicia.
Previo al ejercicio de esos cargos, los cuatro fundadores de Grupo Octógono habían tenido un paso por los Tribunales. Fue cuando los citaron a declarar en la causa por los contratos truchos de la Legislatura en su carácter de beneficiarios de importantes contratos en ambas cámaras. O sea que cobraban en dos y tres lugares a la vez. Lesa y Palá declararon ante los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberri el 25 de febrero de 2019, en la causa contratos. O sea, cinco meses después de conocerse el desvío de fondos públicos de la Legislatura, entre 2008 y 2018. Y desde esos tiempos, tienen una vida de millonarios: pese a ser funcionarios públicos, tienen días suficientes de vacaciones en el Estado para viajar al exterior todo el tiempo y mostrarse en las redes sociales como si fueran renombrados influencers de estos días.
