“Nada más, señor presidente”, dijo el reo cuando el juez le preguntó si quería decir sus últimas palabras antes de la sentencia. Y nada más dijo Carlos Otero Alvarez, de 78 años, quien este lunes fue condenado en Córdoba a 3 años de prisión en suspenso por su complicidad con la última dictadura militar.
Por unanimidad, el Tribunal Oral Federal 2, presidido por el riojano Mario Martínez, lo encontró culpable de los delitos de “incumplimento de deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad” por 94 casos, entre los que figuran los 31 presos políticos asesinados en falsas fugas de la cárcel UP1 de Córdoba en el invierno de 1976, y que estaban a cargo del juzgado Federal 1 donde él trabajaba. La fiscalía y la querella habían solicitado 7 años. Por la UP1, en 2010, se condenó a Videla y Menéndez.
La sentencia unánime de ayer convalidó la acusación que se le hizo desde 2012 por no denunciar e investigar crímenes de lesa Humanidad que él conocía en profundidad por su cargo de secretario Penal. Dejó sentado que Otero Alvarez no era un simple “fedatario” de su entonces jefe ya muerto, el juez Zamboni Ledesma; afirmación en la cual se basó la absolución de Julián Falcucci en el juicio de 2017. Y que debió haber investigado o denunciado los crímenes que él conoció de primera mano desde que en abril de 1975 vió personas torturadas y encapuchadas en el D2 (la Gestapo de Córdoba), como fue el caso de Horacio Siriani, el primer asesinado en ese lugar.
El Tribunal integrado por Mario Martínez, el cordobés Facundo Zapiola y el santafecino José María Escobar Cello, leyó la sentencia pasada la una de la tarde en el Palacete del barrio de Nueva Córdoba donde se le llevaron los dos juicios, ya que la Sagrada Familia judicial le concedió a Otero Alvarez su deseo de no ser juzgado en las dos Torres del Parque Sarmiento, donde ejerció como juez Federal hasta que tuvo que renunciar, denunciado en esta causa, en 2012. Luego de la sentencia condenatoria, y 7 años después de aquélla absolución de escándalo, los sobrevivientes y los familiares de las víctimas se abrazaron y festejaron en un soleado, fresco día de Justicia que, como todo lo que parece imposible, tardó mucho pero llegó.El sobreviviente Luis “Vitín” Baronetto le dijo a este diario que “la resolución de los jueces ha sido un paso adelante en esta larga búsqueda de Justicia en todo el país. Los negacionistas no pueden contra eso. Además pienso que es un parate para la justicia de Córdoba que trató de obstruir este proceso con dilaciones eternas. La condena llegó por la persistencia de los familiares y testigos. En cuanto a Marta, mi esposa fusilada, lo siento como un modo de vencer a la muerte. Un paso pequeño, pero es como una resurrección. Decirle que su vida no fue en vano. Ahora hay que ir por más justicia social. Poner a la sociedad empobrecida sobre la mesa”.
Delia Galará, a quien mantuvieron presa desde los 19 a los 26 años, dijo estar “conforme” con la condena. “Yo no esperaba otra cosa, porque más de tres años significaba presión efectiva y no se la iban a dar. Pero por lo menos no queda impune como la otra vez (Más de uno recordó el reproche cara a cara que le hizo al juez Falcucci que, mientras intentaba arrancar su auto, no podía sostenerle la mirada). Creo que como dijo el fiscal (Carlos) Gonella en su alegato, lo importante es el mensaje a la sociedad: ya no hay impunidad. Hoy, en la sala que es chiquita, ví tristes a sus familiares (del acusado). Pero deberían estar contentos. Ellos sí tuvieron un juicio justo. Y se lo llevaron a casa. Nadie les pegó, ni los torturó ni les robó nada. Caminaron entre nosotros tranquilamente. No les pasó como a nosotros”.
Conmovido, Gustavo Vaca Narvaja, médico y escritor de 82 años, hermano del abogado Miguel Hugo Vaca Narvaja fusilado a los 35 años en una falsa fuga, le dijo a Página 12 que “esta sentencia demuestra la veracidad de las distintas declaraciones que se hicieron durante tanto tanto tiempo por la omisión y hasta la complicidad directa con la dictadura. Tenemos una Justicia que es casi una monarquía y que creo eso que debería modificarse desde la Constitución Nacional”.
Alegatos demoledores
Los defensores del reo poco pudieron hacer ante los monumentales alegatos de los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta. Tanto fue así que sólo apelaron a la supuesta “caducidad de la causa”, el “sobrejuzgamiento” o las “nulidades” de la ley 20840 (actividades subversivas). Incluso, ensalzaron la “bonanza de la personalidad del ex juez” y la “construcción de un monstruo inexistente”.
Ya las querellantes Patricia Chalup y Adriana Gentile se la habían dejado muy difícil en todos los casos que tenían a su cargo: los fusilamientos en falsas fugas de Miguel Angel Ceballos, de José Angel Pucheta, de Miguel Hugo Vaca Narvaja(hijo), de Marta Rosetti de Arquiola, y en la “construcción” del expediente de Luis Baronetto, a quien un juez ordenó liberar en 1977, pero “el celo profesional de Otero Alvarez” mantuvo prisionero hasta 1982, cuando tomó por cierta la “declaración bajo tortura de un preso de apellido belga Bruno van Caueleaert, aún cuando sólo era una copia y no tenía firma”. Las abogadas describieron la “desesperación” del acusado, que llegó al punto de pedirle por escrito “los originales al general Gumersindo Centeno” para completar su trabajo.El fiscal Facundo Trotta atacó un punto neurálgico: “para poder reconstruir un crimen de hace más de 40 años, uno necesita sí o sí de testimonios de las víctimas, porque no hay un registro de los campos de concentración. Pero en estos casos no. Aquí no. Las pruebas están escritas, surgen de los expedientes judiciales. Y ahí nos enteramos que las víctimas fueron sometidas a torturas. Está el retrato hablado. Lo que acá se discute es si ese conocimiento le imponía a Otero Alvarez el deber de denunciar esos crímenes”. Trotta describió cómo “después de los allanamientos y las torturas, los blanqueaban. Pero eso no significaba una mejora en su situación, se le iniciaban expedientes por supuestos delitos de la ley 20840. No se detuvieron ni las torturas ni los asesinatos. Hubo impunidad y vía libre para el Terrorismo de Estado”, alegó. El fiscal dijo que “hubo un patrón, una conducta omisiva, homogénea y sistemática, sostenida en el tiempo de no denunciar detenciones, ni apremios ilegales ni homicidios”.En su momento, el fiscal Carlos Gonella describió y recordó el caso de Diana Fildelman “a quien la Justicia desde la UP1, la volvió a mandar al infierno de donde había salido, la D2. Sabían que allí la habían torturado y vejado y dejaron que Telleldín (uno de los jerarcas del campo de tortura) se la volviera a llevar”. Los fiscales exhibieron fotos de los archivos de la dictadura donde se vieron los cuerpos escarnecidos de María Ester “Tati” Barberis, Miguel Angel Barrera y el cadáver de Horacio Siriani. Fotos que hizo tomar su padre cuando recuperó el cuerpo “a cajón cerrado”. Cuando llegó el momento de pedir los 7 años de condena para Otero Alvarez, Gonella citó a Claus Roxin: “Acá el sentido no es la resocialización, él no la necesita. Es dar un mensaje de que la persona responsable de estos graves crímenes no va a salir impune”. Y no. No salió impune. Esta vez no le alcanzó con la cobertura de la Corporación Judicial ni de la Sagrada Familia local.Desde ayer, cada uno de los que sobrevivieron a cárceles y campos de concentración, y los que fueron fusilados como José Angel Pucheta; Marta Juana González de Baronetto; Miguel Angel Ceballos; “Tati” Barberis; la pequeña Diana Fidelman; Miguel Hugo Vaca Narvaja (h), Arnaldo Higinio Toranzo y Gustavo de Breuil, que cayeron juntos, ya no están tan solos. Nunca más.
