14 enero, 2025

Cómo Portugal se convirtió en el país más descarbonizado del sur de Europa | Clima y Medio Ambiente

Portugal lleva años convertido en el alumno aventajado del sur de Europa en transición energética. En 2024 no defraudó y superó de nuevo su marca anterior: las energías renovables cubrieron el 71% del consumo nacional de electricidad, un porcentaje histórico solo rebasado anteriormente por países como Austria, Suecia y Dinamarca. Según cálculos de la organización ecologista Zero, esto permitió batir otro récord importante: las emisiones de dióxido de carbono asociadas a la producción de electricidad fueron las más bajas desde 1990, cuando el país comenzó a contabilizarlas. Entre 2023 y 2024 decrecieron casi a la mitad: de 3,7 millones de toneladas a 1,9 millones de toneladas.En la Europa meridional, donde también Croacia y España fuerzan la carrera (Red Eléctrica estima que 2024 se cerrará en el 56% de electricidad renovable), la revolución verde portuguesa parece una anomalía geográfica. Grecia e Italia van rezagadas, e incluso economías poderosas como Alemania, muy dependiente de combustibles fósiles, o Francia, aferrada a la fisión nuclear. “El sistema energético de Portugal es uno de los más descarbonizados de la Unión Europea”, se alaba en el último informe sobre el estado de la energía publicado por la Comisión en septiembre.El principal factor que explica la transformación portuguesa es la política. Desde 2005 el país apostó por la expansión de las renovables de forma continuada, sin que las alternancias en el Gobierno entre el Partido Socialista y el Partido Social Demócrata (centroderecha) quebrasen el empeño. “El crecimiento se ha beneficiado del ambiente de consenso entre los mayores partidos, que comparten la apuesta por energías verdes y la necesidad de descarbonizar”, destaca Miguel Prado, periodista especializado en Energía en Expresso.El impulso inicial se dio durante el primer Gobierno del socialista José Sócrates entre 2005 y 2009, con subastas para producción hidroeléctrica y eólica. El país partía de un desarrollo modesto: en 2004 la electricidad de origen renovable era el 27%, por detrás de las cifras de Eslovenia o Rumanía. La llegada al poder en 2015 del socialista António Costa, que abrazó la causa de la descarbonización de la economía como su gran bandera, apuntaló definitivamente el camino, con el cierre anticipado de las centrales de carbón en 2021, nuevas subastas y cambios legales, dirigidos a despejar de obstáculos el camino, incluida la agilización de permisos, que eliminaron las exigencias ambientales en proyectos de menor dimensión.Una decisión forzada por Bruselas, que han criticado las organizaciones ecologistas por desdeñar el impacto de las nuevas infraestructuras energéticas sobre el territorio.Un fotógrafo saca fotos de los aerogeneradores frente a la costa de Viana do Castelo.Un fotógrafo saca fotos de los aerogeneradores frente a la costa de Viana do Castelo.SOPA Images (SOPA Images/LightRocket via Gett)Los datos divulgados esta semana por Red Eléctrica Nacional muestran que Portugal consolida su fábrica de electricidad renovable gracias a la actividad de las centrales hidroeléctricas (28%), eólicas (27%), fotovoltaicas (10%) y biomasa (6%). En marcha hay planes para impulsar la energía eólica marina flotante, debido a la profundidad de las aguas en el litoral portugués.El empuje dado en los últimos 20 años ha permitido anticipar las metas previstas en el Plan Nacional de Energía y Clima. Portugal pretende alcanzar la neutralidad carbónica en 2045, cinco años antes de lo previsto, lo que eleva las exigencias en varios campos, incluida la producción de electricidad renovable. Si antes se preveía llegar al 80% en 2030, ahora se aspira a alcanzar el 86% este mismo año. A pesar de este acelerón, la lentitud para descarbonizar transportes y sistemas de calefacción y refrigeración no ha permitido mejorar demasiado la meta de renovables en el consumo final de energía en 2030, fijado ahora en el 51% frente al 47% anterior.Una prueba de la sintonía en política energética es que el nuevo Gobierno de centro derecha, liderado por Luís Montenegro, avaló el pasado otoño las líneas trazadas por el equipo de António Costa para revisar el Plan Nacional de Energía y Clima. “Ese consenso será importante para garantizar la continuidad de políticas públicas que permitan alcanzar el 93% de electricidad renovable como se pretende para 2030, aunque algunos promotores se quejan ahora de la existencia de dificultades para obtener permisos”, señala Miguel Prado.

Protestas vecinales

La conquista de la neutralidad carbónica no es un proceso neutral. Las protestas contra macroproyectos comienzan a cuestionar un modelo decidido en Lisboa al margen de los territorios y que optó por acelerar el cambio sin reparar en los sacrificios. Una de las contestadas es la central solar flotante promovida por la empresa Voltalia en el embalse de Cabril, en el centro del país, con una capacidad instalada mínima de 33 megavatios, seis veces más que la del Alqueva, en el Alentejo, que era el mayor parque solar flotante de Europa sobre un complejo hidroeléctrico cuando se montó en 2022. “Además de tener un tamaño enorme, está localizado en una área donde entra en conflicto con actividades tradicionales y la estación náutica; afecta a nuestra estrategia para diversificar la economía local y la red de transporte prevista de 30 kilómetros atraviesa zonas que están siendo ahora revitalizadas por nuevos moradores”, expone por teléfono António Lopes, alcalde de Pedrogão Grande, uno de los municipios afectados por el proyecto.El futuro de la planta está ahora en manos de la Agencia de Medio Ambiente de Portugal, que deberá pronunciarse sobre el estudio de impacto ambiental. “No nos trae ningún beneficio al municipio, toda la población está en contra”, afirma el alcalde, que también alude a otra desventaja. La central se implantaría en una zona usada por los hidroaviones que combaten los incendios. Algo que toca la fibra más sensible de la población de Pedrogão Grande, donde murieron 66 personas por los grandes fuegos de 2017.En un artículo publicado en la revista del Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Lisboa, el antropólogo Luís Silva analizó los conflictos desatados por las centrales fotovoltaicas en Portugal, a pesar del apoyo social que recibe la generación de electricidad renovable. Enumera como principales críticas “las injusticias ambientales y socioeconómicas”, “los escasos beneficios”, “los riesgos para la salud” o “la disminución de la calidad de vida”. El investigador prevé un aumento de la conflictividad debido a la estrategia gubernamental de favorecer proyectos centralizados, como el promovido por Iberdrola en Santiago de Cacém. A pesar de que recibió luz verde de la Agencia de Medio Ambiente, la Fiscalía ha recurrido el permiso ante los tribunales al considerar que se ignoraron “un conjunto de instrumentos de gestión territorial y de regímenes jurídicos de protección de recursos naturales”.La central fotovoltaica, que tuvo informes negativos de algunos organismos como el Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques, tendría una potencia instalada de 1.200 megavatios y podría atender la demanda de energía de 430.000 hogares. Sería la central fotovoltaica más grande de Europa, “una monocultura de paneles solares”, según la asociación ProtegeAlentejo, que también ha llevado el proyecto a los tribunales.En la carrera hacia la descarbonización, se ha relegado el papel doméstico. La ley que regula las comunidades de energía se aprobó en 2019 y hasta 2023 no se establecieron estímulos fiscales para favorecer la venta de energía de pequeños productores o particulares. “La transición energética se ha presentado como un designio colectivo, algo bueno, pero ha pesado mucho en los presupuestos de las personas con tasas, impuestos y costes más elevados de la energía. Este cambio hacia las energías renovables podría no significar mucho para la sociedad portuguesa si no se aprovecha bien”, sostenía en un correo electrónico el catedrático de Economía de la Universidad de la Beira Interior, António Cardoso Marques. “El proceso de transición energética y de diversificación de fuentes debe ser inclusivo y permitir que todos los agentes económicos, particulares y empresas, participen y obtengan beneficios”, destaca.

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