La guerra judicial de los vecinos del pueblo de As Conchas (Ourense) contra el Gobierno gallego y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil por su inacción frente a la contaminación del agua y el aire, a causa de los vertidos —directos en la tierra— de purines de las macrogranjas, gana su primera batalla. La Fiscalía pide investigar a las Administraciones y considera que tanto la jurisprudencia como las rotundas pruebas documentales que han presentado los vecinos ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia “justifican” lo que estas víctimas de las macrogranjas alegan: la “vulneración de los derechos fundamentales”, reconocidos tanto “por la Constitución” como “por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos”. Se trata, enumera el fiscal encargado del caso, Carlos Mariscal de Gante, del derecho a la vida, “por ponerse en peligro grave e inmediato su salud por la contaminación de las aguas y el aire y, en suma, por la degradación ambiental de la cuenca del río Limia”.También del mismo derecho “en su vertiente de la prohibición de tratos degradantes, ya que la contaminación a la que han estado expuestos supone una infracción constante a su dignidad”. El fiscal cita, además, el “derecho a la vida privada y familiar, vulnerados debido a que el deterioro del medio dificulta gravemente el libre desarrollo de su personalidad y de su vida en familia”. A esto suma el “derecho de propiedad”, en una comarca donde las tierras y las casas se han visto brutalmente devaluadas por el desastre ambiental, y el “derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona”. Por último, cita el representante del ministerio público, se ha vulnerado el “derecho al agua”, en un entorno en el que ya no se puede beber de los pozos e incluso del suministro municipal y donde el agua es, según los informes científicos, peligrosa incluso para bañarse o pasear por su orilla.Los habitantes de As Conchas (Ayuntamiento de Lobeira) —el poblado situado al borde del embalse del mismo nombre donde se acumulan los excrementos arrojados río arriba en los campos de la comarca ganadera de A Limia (donde se cuentan cientos de macrogranjas)— presentaron en marzo una demanda histórica en el Alto Tribunal gallego. Lo hicieron después de convivir durante décadas con una contaminación insoportable que, según los informes científicos que han encargado sus abogados, aumenta el riesgo de cánceres, o enfermedades respiratorias y del sistema digestivo.En su lucha no están solos. La Federación de Consumidores y Usuarios CECU es codemandate y cuentan con la asistencia del grupo ecologista Amigas de la Tierra y del bufete internacional de abogados ambientalistas ClientEarth. Primero, durante años, lo intentaron por vía administrativa, con distintas reclamaciones tanto en la Xunta como en la confederación y en los Ayuntamientos de la zona. Pero unas veces no obtuvieron respuesta, y otras, los departamentos declinaron responsabilidades y no hicieron nada para evitar el desastre que tanto los afectados como los grupos ecologistas (Sociedade Galega de Historia Natural, Movemento Ecoloxista da Limia, Greenpeace o Amigas de la Tierra) vaticinaban.“Los informes y dictámenes ponen de manifiesto la grave contaminación que padecen las aguas de la cuenca del río Limia debido a nitratos, nitritos, microcistinas y diversas bacterias, que afectan incluso al suministro de agua domiciliario”, reconoce el fiscal. Así “se desprende de los recientes muestreos realizados por la Confederación, que sobrepasan notablemente los valores que permiten considerar el agua apta para consumo”, señala. Del embalse “emanan constantemente bioaerosoles peligrosos para la salud y un hedor insoportable todo el año”, subraya, y “el consumo del agua contaminada está directamente relacionado con infecciones gástricas e intestinales graves, y con algunos tipos de cánceres”.Esto no solo puede tener “devastadoras consecuencias” para las vidas humanas, “sino que ha causado un grave impacto ambiental y social en el entorno de la cuenca del Limia y del embalse de As Conchas, sin que las partes demandadas hayan llevado a cabo acciones tendentes a lograr una eliminación efectiva, o cuando menos disminuir el peligro para la población”, critica Mariscal de Gante. Hay, dice, “una clara inacción de las Administraciones competentes, que no han adoptado medidas que eviten y remedien la grave y persistente contaminación de las aguas subterráneas y superficiales de la cuenca”, ni el deterioro “en la calidad del aire y del suelo”.Y fue así, defiende la Fiscalía, pese a que eran “plenamente conscientes” de ello, “certeza que se desprende no solo de los múltiples informes realizados” por ellas mismas, “reveladores de la grave situación”, sino también “de las noticias publicadas” por la prensa y “de las continuas quejas y solicitudes de información” presentadas “por entidades y vecinos a lo largo del tiempo”. Los afectados “reclamaban medidas urgentes”, recuerda, “pese a lo que las Administraciones demandadas no solo no ejercieron ningún control sobre las explotaciones agrícolas y ganaderas ya autorizadas, sino que continuaron autorizando nuevas explotaciones de ganadería intensiva y permitiendo la ampliación de las existentes”. En este momento procesal, zanja la Fiscalía gallega, “hay que entender producida la vulneración de los derechos fundamentales”.
Pablo Álvarez y Merche Álvarez, presidente y secretaria de la asociación de vecinos de As Conchas.ÓSCAR CORRALLa de los vecinos es una demanda judicial por “inactividad vulneradora de los derechos”, recoge el escrito de la Fiscalía, en la que además de Xunta y confederación aparecen involucrados los Ayuntamientos de Bande Muíños, Lobeira, Trasmiras y Os Blancos. Esta semana, los afectados difundían a los medios imágenes del entorno del embalse, en las que se ve un cartel de la Xunta que anuncia obras financiadas por la UE para urbanizar el acceso a la playa fluvial y al área recreativa situada al borde de este pantano, el primero inaugurado durante el franquismo en Galicia. Otro de los carteles, en el municipio de Bande, reza “aguas de baño de calidad excelente”. Una noticia reciente, además, anunciaba la ampliación de la “oferta lúdica” con un embarcadero en el mismo municipio. Estas acciones políticas chocan frontalmente con los informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Complutense que acompañan la demanda. En ellos, los peritos alertan de los peligros para la salud que entrañan las actividades relacionadas con un agua en la que se han detectado 97 millones de bacterias “muy peligrosas” por litro analizado.
Desde los años 90
El escrito de la Fiscalía recuerda que, desde los años 90, se pusieron en funcionamiento “de modo masivo granjas industriales de gran tamaño (conocidas como ganadería intensiva) fundamentalmente de aves y de cerdos”. Estas granjas, tal y como recoge la demanda, han sido autorizadas, “con escasos controles”, por parte de los consistorios de la comarca de A Limia y de la Xunta, y “con informes favorables de la Confederación Hidrográfica”. La concentración de millones de animales destinados a la industria alimentaria “genera toneladas de estiércol, gallinaza y purines”. “Su uso excesivo e indiscriminado en los suelos agrícolas circundantes, así como su eliminación y vertido incontrolado contamina los suelos y las aguas, del baño y de consumo, superficiales y subterráneas de toda la cuenca del río Limia”, sigue resumiendo el contenido de la demanda el fiscal gallego. “El embalse de As Conchas, que represa las aguas del río Limia y de toda su cuenca, ha resultado igualmente afectado, ya que los purines se fueron filtrando a los acuíferos” y se acumularon antes de la presa de la central hidroeléctrica. Este proceso provocó en 2011 la primera gran floración de cianobacterias, una verde y hedionda señal de alarma que “se ha ido repitiendo cada año de mayo a octubre”. “Desde entonces”, concluye el resumen histórico la Fiscalía, “se ha hecho patente una grave contaminación de las aguas por nitratos, nitritos, microcistinas y diversas bacterias, muchas de ellas resistentes a los antibióticos”.
Un tardío bando alertó contra el agua de beber, lavar y cocer
“Esta contaminación pone en severo riesgo la salud de la población”, y puede provocar “desde infecciones hasta cánceres”. Incluso “pasear al lado del embalse o respirar el aire dentro de los domicilios aledaños expone a las personas a severos daños a su salud y a su vida”, continúa: “El problema atañe a toda la cuenca”. El fiscal apunta que los “muestreos recientes” revelan que en el municipio de Os Blancos tanto las fuentes públicas como el agua de consumo domiciliaria “presentan concentraciones de nitratos que sobrepasan entre un 38,6% y un 64,4% los valores” aptos para el consumo. En las aguas subterráneas del ayuntamiento de Xinzo de Limia “se alcanzan valores que duplican ampliamente (+134%) a los permitidos”, añade.
Otros análisis, realizados el pasado 18 de octubre en Vilar de Lebres (Trasmiras), constataron que el nivel de nitratos era un 20 % superior al máximo establecido. La Fiscalía señala que no se avisó a los vecinos “hasta el 13 de noviembre, cuando el alcalde aprobó un bando” en el que se “rogaba a los vecinos abstenerse de utilizar el agua del abastecimiento para el consumo humano y otros usos domésticos, como lavar o cocer alimentos”. “Ni la Conselleria de Sanidade, ni la Confederación Hidrográfica o los Ayuntamientos de Bande, Lobeira, Muíños, Trasmiras y Os Blancos”, también demandados, “se han molestado siquiera en contestar las reclamaciones previas a la demanda judicial”, reprocha el fiscal. Esta “inactividad institucional”, concluye, “no solo compromete gravemente la salud pública, sino que infringe derechos constitucionales esenciales que afectan a la esfera más íntima de las personas”.
