Hicieron falta tres lustros de negociaciones en el seno de la ONU para que se adoptara, en junio de 2023, el tratado de protección de la biodiversidad marina para las aguas internacionales, que sienta las bases para la creación de áreas protegidas en las zonas que no pertenecen a ningún país, una asignatura pendiente de la legislación medioambiental internacional. Pero casi dos años después, el tratado sigue sin entrar en vigor porque no se ha alcanzado todavía el número necesario de ratificaciones de países, un proceso que suele ser lento y que ahora, como ocurre con otros puntos de la agenda multilateral vinculados a la ONU, se ve amenazado por la irrupción de Donald Trump, presidente de EE UU y enemigo de las políticas medioambientales.Se necesita que 60 países ratifiquen el pacto para que entre en vigor. Hasta ahora solo lo han hecho 21, entre los que está España, el primer país europeo que lo ratificó el pasado febrero. La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha tomado la defensa de este acuerdo internacional como una de sus banderas al frente del Ministerio para la Transición Ecológica. De hecho, Aagesen ha enviado una carta a los responsables de 150 países apremiándoles a adherirse al pacto. “Es de gran importancia que los países ratifiquen el acuerdo”, explica la misiva sobre el conocido como Tratado de Alta Mar. “Esta ratificación contribuiría significativamente a los esfuerzos mundiales por proteger nuestros océanos y a garantizar el uso sostenible de los recursos marinos”, añade.La vicepresidenta asegura en el escrito que la activación del tratado “representa una oportunidad excepcional para fortalecer el compromiso mundial con la agenda ambiental y el multilateralismo”. “Se trata de un paso firme hacia un proyecto mundial en el que la búsqueda de la prosperidad compartida vaya de la mano de la necesaria protección de los bienes públicos mundiales”, señala. “La cooperación internacional sigue siendo la forma más eficaz de hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo”, sostiene precisamente en un momento en el que esa colaboración entre las naciones se está poniendo en entredicho con el avance del populismo conservador de Trump.Hace meses se fijó como objetivo desde algunos Gobiernos y grupos de activistas que en la próxima conferencia de los océanos de Naciones Unidas, que se celebrará entre el 9 al 13 de junio en Niza (Francia), entrara en vigor el pacto. A eso apunta también la misiva enviada por la titular de Transición Ecológico española a sus homólogos: “Se está generando un impulso internacional para hacer de esta reunión multilateral un momento crítico para proteger uno de nuestros bienes comunes más preciados: la biodiversidad marina y los ecosistemas oceánicos”.Pero quedan solo 53 días para la reunión de Niza y el tiempo corre sin que se haya alcanzado el cuórum. Rémi Parmentier, director de Varda Group y un activista con amplia experiencia en negociaciones medioambientales internacionales, empieza a dudar de que se llegue a la conferencia en Francia con la ratificación de los 60 países. “Ojalá ocurra, pero francamente cada día que pasa lo veo más difícil”, afirma.En la diplomacia internacional las naciones negocian primero los acuerdos y tratados, y luego en cada texto se fija un número mínimo de ratificaciones para que entre en vigor. Pero, como recuerda Parmentier, “no hay reglas escritas” y se han dado casos de todo tipo. Algunos pactos han entrado en vigor en tiempo récord, como el Acuerdo de París contra el cambio climático, pero también existen “instrumentos jurídicos multilaterales” atascados desde hace años o décadas, como el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. “Depende del orden de prioridad que se dan los Gobiernos, es decir, de la voluntad de pasar de la palabra a la acción. Evidentemente, la movilización de la sociedad civil y la opinión pública ayudan a marcar los pasos y los ritmos”, opina Parmentier.Este 2025 es un año clave para la diplomacia medioambiental y las negociaciones en las distintas agencias y órganos de la ONU. Además, de la esperada ratificación del Tratado de Alta Mar, sobre la mesa también está un posible acuerdo contra la contaminación por plásticos, que se debería haber cerrado en diciembre pasado. Pero no se logró el acuerdo y en agosto se volverán a retomar las negociaciones. La vuelta de Trump, que ha activado la salida de su país del Acuerdo de París, por ejemplo, es un elemento de disrupción.Aunque lo cierto es que ningún país ha seguido sus pasos de momento en su salida del gran pacto contra el cambio climático. Y el primer asalto directo contra otra medida medioambiental lo ha perdido: la semana pasada los representantes de los países aprobaron en el seno de la Organización Marítima Internacional (OMI) el primer sistema global para gravar las emisiones de efecto invernadero del sector naval internacional. Salió adelante sin consenso; se tuvo que votar. Pero prosperó a pesar de las amenazas de la Administración de Trump, que advirtió por carta a varios países de que tomaría represalias contra los que apoyaran esos gravámenes.“En el contexto actual de los ataques al multilateralismo y a la ciencia propiciados por la Administración de Trump es importante transformar las palabras en acción, para no alimentar el discurso de oligarcas y populistas que descalifican las grandes conferencias de la ONU como una pérdida de tiempo”, sostiene Parmentier. “La mejor defensa ante Trump y sus secuaces es el reforzamiento del derecho internacional, incluido el derecho y la política ambiental multilateral”, añade. En su opinión, hay varias fórmulas, como seguir adelante con los acuerdos multilaterales sin EE UU —existen un buen número de convenios, como el de derecho del mar o el de biodiversidad— que llevan años funcionando sin el concurso de Estados Unidos. O también se puede recurrir a acuerdos plurilaterales de coaliciones de países dispuestos a combatir de forma ambiciosa un problema medioambiental. Esta última vía, opina Parmentier, es la que podría emplearse en el caso del tratado contra la contaminación por plástico.
17 abril, 2025
