En el mar de fondo de la pelea entre cambiemistas duros y espadas oficialistas, el peronismo apretó el acelerador para aprobar, junto a sus aliados, la adhesión de Córdoba a la emergencia penitenciaria vigente en el ámbito nacional durante tres años. A su vez, en una sesión no habitual de lunes se dará vía verde al reclamo a la Nación por una cárcel federal en Córdoba y la deuda por el alojamiento de presos federales.
La oposición halcón adelantó su rechazo con duras críticas a la “crisis carcelaria” en la provincia ante los 26 años de gobierno peronista. El PJ les enrostró a los opositores que “sólo están para oponerse”. Y en la volteada cayeron Luis Juez y Rodrigo de Loredo. A ambos referentes responden los bloques más numerosos del interbloque Juntos por el Cambio (JxC).
Con la decisión política adoptada al máximo nivel del poder, el oficialismo activó una sesión inusual para el inicio de la semana con este tema excluyente de la agenda. La negativa opositora (UCR y Frente Cívico) de darle los dos tercios para tratarlo -sobre tablas- el miércoles pasado enrareció el clima que se agravó en la previa ante el embate de la radical Brenda Austin y los juecistas Walter Nostrala y Nancy Almada por “la crisis carcelaria en Córdoba”.
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En medio del fuego cruzado, y con el contragolpe del PJ por el “obstruccionismo” opositor, los halcones de JxC demandaron la comparecencia del ministro Julián López (Justicia y Trabajo) para que brinde su informe. Hay dos preguntas de cajón que piden que responda: ¿por qué quieren la emergencia? Y ¿para qué necesitan la delegación de facultades?
En ese sentido, los cambiemistas reclamaron un plan de trabajo de la cartera de Justicia, que tiene bajo su órbita al Servicio Penitenciario, para apoyar la emergencia. En el plenario de comisiones del jueves pasado esas respuestas no llegaron. Fue una catarsis de la oposición sin presencia de funcionarios. A renglón seguido, la mayoría oficialista avanzó en el despacho del proyecto de Miguel Siciliano, que llegará al recinto este lunes en una sesión muy caliente.
El dictamen oficialista se desdobla en la declaración de emergencia y una resolución con reclamos a la Nación (una cárcel federal en Córdoba y la cancelación de la deuda por el alojamiento de presos federales). La ley que aprobará el PJ establece la adhesión de Córdoba a la “emergencia en materia penitenciaria” vigente en el ámbito nacional durante tres años que se dispuso mediante una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación.
El punto de conflicto está centrado en el artículo 4, mediante el cual se faculta al Ministerio de Justicia “a disponer en el sistema carcelario provincial (…) de todas las acciones necesarias para solucionar situaciones extraordinarias o urgentes que requieran la intervención del Estado provincial”.
La oposición dura se niega a apoyar este “cheque en blanco” y habla de delegación de facultades “amplia” y “sin límites”. Así lo resumieron el liberal Gregorio Hernández Maqueda y sus pares de interbloque Austin y Nostrala. (ver aparte).
Desde el PJ, la titular de la comisión de Seguridad, Nadia Fernández, defendió el proyecto. “Es una decisión inteligente, constitucional y necesaria que Córdoba adhiera a esta emergencia penitenciaria nacional”, aseveró. Además, remarcó que implica un “mojón” para “el trabajo interjurisdiccional”.
Crisis carcelaria
Nostrala confirmó el rechazo del Frente Cívico -como lo adelantó Perfil Córdoba- a esta ley impulsada por el PJ. En su impugnación, el juecista remarcó: “Llaryora, con este proyecto, acaba de admitir el rotundo fracaso de las políticas de seguridad y penitenciaria del peronismo durante estos últimos 26 años”.
“No necesitan esta ley para de una vez por todas resolver el desastre generado y darnos tranquilidad a los cordobeses. Quiero ser muy claro: los únicos responsables de lo sucedido hasta acá y de lo que suceda en adelante, son los que administran la provincia improvisando desde hace más de un cuarto de siglo”, fustigó el opositor.
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El jefe de la bancada juecista y Almada le recordaron al PJ que “toda la cúpula del Servicio Penitenciario está presa”. “Si piden la emergencia, que nos digan cuál es el plan de trabajo”, demandó la legisladora ante la queja al ministro López.
“Esta es una mala ley, que intenta ocultar el colapso del sistema penitenciario provincial, pretendiendo echarle la culpa a la Nación por fondos que aparentemente no transfieren”, afirmó Austin y advirtió que “el colapso del sistema carcelario en Córdoba viene de larga data, con niveles de superpoblación que superan el 130%, muy por encima de las cifras nacionales”.
“Están intentando declarar esta emergencia para encubrir la responsabilidad que les corresponde por estos 26 años de gobierno, durante los cuales la situación ha empeorado de manera sostenida. Con esta emergencia no buscan ofrecer una solución real, sino cubrirse legalmente”, subrayó la radical.
Números, en foco
Con números que muestran la línea ascendente de la población carcelaria, Siciliano dijo que “en los tres primeros meses del 2025 ya tenemos un crecimiento de casi el 8% de personas presas”, lo que implica que este año “se va a superar ampliamente el promedio del 10% anual” que viene registrándose en los últimos diez años. “Tenemos que tomar medidas para acomodar el sistema penitenciario a la realidad de la decisión política que es persona que delinque, persona que va presa”, argumentó.
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De este modo, atribuyó el aumento a que la gestión Llaryora adoptó “una política preventiva del delito que meta a los delincuentes presos”. Nada dijo de la herencia propia, por la cual la oposición apunta a la “crisis carcelaria” ante los 26 años de gobierno del PJ.
Réplica política
“Están buscando una excusa para oponerse”, retrucó el jefe del bloque oficialista al cargar contra Luis Juez y Rodrigo de Loredo, y sus legisladores provinciales. Apuntó que “cuando el Gobierno nacional, con la ministra Patricia Bullrich a la cabeza, declaró la emergencia nacional, ninguno de ellos dijo nada”, y agregó: “Le votaron con las dos manos”. “Nosotros estamos adhiriendo a la emergencia que ni De Loredo, ni Juez se opusieron. ¿Por qué se oponen en Córdoba a la adhesión a esa ley?”, enfatizó el peronista en su contraataque.
Sobre este punto, Austin expuso que el PJ sancionará una norma que tiene “problemas jurídicos, de forma y de fondo”. También mencionó los dos habeas corpus colectivos correctivos de la justicia por las condiciones en las cárceles de Córdoba. “Son una bomba de tiempo”, alertó.
Escenario de la emergencia, en números
Datos de la provincia
Datos de Nación
En relación a la sobrepoblación y la infraestructura edilicia penitenciaria.
El parte al 31 de marzo de 2025 informa la cantidad de 15.984 internos y sumando los federales, ascienden a 16.206 en total. En 2015 soportaba el alojamiento de 6.844 internos.
Crecimiento exponencial: en los primeros tres meses de 2025 se registran 1.022 nuevos alojados, representa casi un 8%, cuando el promedio anual es del 10% en los últimos 10 años. Se proyecta un 28% en el año.
Deuda de Nación por presos federales: $275 millones. Demanda de ajuste: Se toma un valor diario de $8 mil contra un costo de $30 mil.
Cantidad de presos federales en Córdoba: 243. Se está al día con el pago.
Cantidad de tobilleras enviadas: 80, de las cuales hay activas 68 al 25/3. Las otras 12 no están activadas, pero están en poder de la provincia. La tobillera por día cuesta $8.500.
Del monto de $480 millones que señala el oficialismo que gastan por día, son menos de 3,8 millones los que corresponderían a presos federales.
El 1,53% es el total de presos federales (243) sobre el global de internos que tiene la provincia.
