Guillermo Francos debutó como jefe de Gabinete con una pregunta difícil. Le consultaron si la salida de su antecesor, el silente Nicolás Posse, se debía a los rumores de espionaje sobre otros funcionarios del gobierno de La Libertad Avanza (LLA). Francos esquivó las definiciones, pero la renuncia del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori, no contribuyó a aplacar las sospechas de que Posse metió las narices donde la ley lo veda.Las versiones de vigilancia ilegal corrieron con velocidad. El primer caso que se conoció tenía como supuesta víctima a Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano. Según trascendió, Posse le deseó suerte en su escapada a Uruguay después de un encuentro –lo que habría encendido las alarmas porque la funcionaria –muy cercana a Javier Milei– no había compartido con nadie la noticia de su viaje. Las otras versiones indicaban que Posse tenía información de la poderosa secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, o del asesor Santiago Caputo.“Yo no me guío por versiones. Si alguien tiene algo que decir que lo diga donde corresponda”, se atajó del tembladeral Francos en su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada. El tema es sensible: si existen esas sospechas, deberían denunciarlas ante la justicia federal para que las investigue.En los papeles, la AFI depende del Presidente de la Nación. Sin embargo, Milei delegó la relación con la central de espías en Posse, el amigo que había forjado en la Corporación América. En la exSIDE, Posse había colocado a un hombre de su confianza: Sívori, un abogado que venía del macrismo –había sido el jefe de Jurídicos de Guillermo Dietrich– y a quien no se le conocían vínculos con la inteligencia.En la Casa Rosada todas las miradas apuntaban a un personaje menos conocido dentro del esquema de poder de Posse: el brigadier retirado Jorge Jesús Antelo, secretario de Estrategia Nacional y el gran titiritero que posibilitó que otros militares de su generación ocuparan cargos claves en la AFI.La renuncia de Sívori se conoció el lunes por la noche. A las pocas horas, su dimisión ya había sido aceptada y publicada en el Boletín Oficial. Nadie le dedicó un agradecimiento por sus gestiones.Como Posse, Sívori también hizo circular un comunicado en el que anunciaba que había renunciado y marcaba algunos logros de sus meses al frente del edificio de la calle 25 de Mayo. La comunicación marcaba como “hito” la relación con los Estados Unidos: que los agentes de la AFI habían recibido capacitaciones de los estadounidenses y que habían conseguido que el jefe de la CIA, William Burns, visitara en marzo pasado Buenos Aires.Más que el alineamiento automático con Washington, Sívori no pudo mostrar otro logro. Milei lo puso al frente de la AFI en diciembre pasado. Lo que hizo entonces fue prolongar la intervención que existía sobre la exSIDE desde diciembre de 2019. A diferencia de lo que sucedía durante el Frente de Todos (FdT), Milei decretó la intervención por dos años y le dio la facultad a Sívori de prorrogarla automáticamente. El mecanismo permitía eludir el acuerdo del Senado.El dúo Posse-Sívori se dio un manejo discrecional de los fondos reservados. Según el decreto de la intervención, Sívori podía ampliar o modificar las partidas a gusto y piacere. Quien tenía que habilitarle los nuevos fondos era Posse, quien justamente lo había acercado a los equipos de trabajo de La Libertad Avanza (LLA). Hubo versiones de que con los fondos reservados se financió a los trolls de Milei. Nada de eso pudo probarse ni controlarse porque el cuerpo que debería monitorear qué hacía Sívori no está en funcionamiento. Se trata de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI), que nunca se conformó pese a los pedidos de organizaciones de la sociedad civil y de Unión por la Patria (UxP).“Lo del espionaje dentro del Gabinete es una pelea de ellos que a nosotros nunca nos llegó, pero el dato grueso es que se va un interventor que estuvo seis meses y la CBI ni siquiera pudo controlar lo que hizo ese interventor”, dicen en el Congreso.El 15 de abril pasado, la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) envió una carta a Martín Menem y a Victoria Villarruel para hacerles saber su máxima preocupación porque la CBI seguía sin funcionar. El titular del bloque de UxP en Diputados, Germán Martínez, se sumó al pedido y le reclamó a Menem que designara a los legisladores de esa Cámara que deberán integrarse a la comisión. Menem es un aliado leal de Karina Milei. No da paso sin su visto bueno. En el peronismo sospechaban que la demora tenía una razón: no quieren dejarle la presidencia de la CBI a un senador que está alineado con la vicepresidenta Villarruel, a quien temen y recelan en el entorno de Milei. El nombre que sonaba para ese cargo era el de Martín Lara Goerling, del PRO de Misiones. En medio de los rumores de espionaje, es probable que en los próximos días UxP insista con el reclamo ante Martín Menem, que se había comprometido a completar las comisiones después de que se debatiera la ley Bases en Diputados.
Ecos del pasado
“En un momento no muy lejano, el espionaje ilegal fue una constante en el gobierno de Mauricio Macri. Más allá del resultado de las causas, existieron tareas de inteligencia desde AFI totalmente contrarias a la ley. Hoy parece que los funcionarios del gobierno de Milei sienten en carne propia ese accionar”, dice la abogada Valeria Carreras, que representa a familias de tripulantes del submarino ARA San Juan que fueron espiadas por la AFI macrista. “Deberá dilucidarse quién resultó beneficiario de esa información o quien estaría detrás de volver a esa modalidad contraria a derecho y denigrante”, insiste.A principios de 2020 se destapó una trama de espionaje que mostró que la AFI espió a políticos que tenían juego propio más allá de los límites que proponía Macri. Se logró determinar que sufrieron seguimientos Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Emilio Monzó y Nicolás Massot, entre otros. Los responsables de la vigilancia ilegal pasaron a la fama como los Súper Mario Bros. En su mayoría eran policías de la Ciudad que estuvieron en comisión en la AFI durante la administración macrista.Por el momento, el gobierno de LLA no relevó quien se hará cargo de la AFI. Una de las versiones que circularon después de la salida de Sívori es que podría desembarcar alguien ligado a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien venía pulseando con Posse por el manejo de la inteligencia y los vínculos con las agencias de Estados Unidos.
