El Ministerio de Justicia formalizó este miércoles la cesión de un edificio de 5.000 metros cuadrados dentro del predio de la ex ESMA para instalar oficinas destinadas a fiscales federales. El anuncio se dio en el contexto de la inminente implementación del Código Procesal Penal Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prevista para el próximo 11 de agosto. La noticia fue compartida en la cuenta de X del Ministerio de Justicia de la Nación. El ministro Mariano Cúneo Libarona defendió la medida como una reorganización eficiente de recursos. “Los espacios que antes eran utilizados para programas ideológicos, ahora servirán para combatir la inseguridad”, declaró. En línea con el discurso oficial de “achicar el Estado”, el titular de la cartera subrayó que la decisión no implica una partida presupuestaria adicional. Sin embargo, el gesto no pasó inadvertido. La ex ESMA ha sido señalada históricamente como uno de los principales sitios de memoria del país y su resignificación con fines administrativos volvió a encender críticas. El edificio cedido cuenta con tres niveles, 20 despachos privados, capacidad para más de 300 puestos de trabajo, auditorio, comedor, estacionamiento y será reacondicionado para el funcionamiento del nuevo sistema acusatorio federal.
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Entre la eficiencia y el peso simbólico
Desde el Ministerio afirmaron que se trata de una redistribución de espacios ya existentes. Pero el punto de conflicto no es presupuestario. La ex ESMA alberga múltiples espacios dedicados a actividades educativas, culturales y de derechos humanos, construidos como parte del proceso de memoria, verdad y justicia iniciado tras la dictadura. La instalación de oficinas judiciales —sin consulta previa con organismos especializados ni debate institucional— generó malestar en sectores vinculados a la memoria histórica. Referentes del sector advirtieron que la medida podría sentar un precedente riesgoso. “Convertir un espacio de memoria en sede administrativa, sin consensos ni resguardos, supone una señal clara de desarticulación simbólica”, indicaron especialistas. La crítica no apunta a la implementación del nuevo sistema judicial —reclamo extendido en el ámbito legal—, sino a la forma en que se ejecutan decisiones que alteran sentidos construidos colectivamente. El Gobierno ordena conciliación obligatoria por la crisis sanitaria en el Hospital Garrahan
Una reforma judicial con efectos políticos
El traspaso del edificio fue presentado como parte de un paquete de medidas orientado a la puesta en marcha del sistema acusatorio. Durante este año, según el Ministerio de Justicia, se capacitaron más de 800 agentes judiciales en 12 provincias. La intención oficial es dar soporte técnico al nuevo modelo para que funcione desde el primer día. No obstante, el trasfondo no se agota en la mejora procesal. La implementación del sistema en la Ciudad de Buenos Aires coincide con una narrativa oficial que busca mostrar resultados tangibles en seguridad y gestión. “Vamos a meter presos a los delincuentes”, repitió el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, alineado con la consigna del Ejecutivo. La medida, sin embargo, expone la tensión entre los objetivos de eficiencia institucional y el respeto por los espacios de memoria. La ex ESMA —reconocida como tal por ley— sigue siendo un símbolo de los crímenes de Estado, y cualquier modificación en su uso requiere, para muchos, no solo criterios administrativos, sino también políticos y éticos. DCQ/ML
