El Gobierno de Javier Milei oficializó este viernes la eliminación de la exclusividad que tenía el Banco Nación para gestionar los sueldos estatales. A partir de ahora, los empleados públicos podrán elegir cobrar sus haberes en otras ocho entidades financieras, en una decisión que no apunta precisamente a garantizar derechos sino a desarmar uno de los últimos privilegios de la banca pública.
El desguace estatal, un plan anunciado
La medida no llega sola. Es parte de una ofensiva más amplia que empezó en agosto pasado, cuando el Gobierno derogó una serie de decretos que obligaban a contratar Aerolíneas Argentinas para viajes oficiales, cargar combustible en YPF o asegurar bienes estatales en Nación Seguros. Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, lo celebró entonces como un triunfo de la “modernización”.Pero lejos de modernizar, estas decisiones vacían de funciones a empresas públicas históricas y entregan negocios estratégicos a manos privadas. El Banco Nación, que durante décadas fue el respaldo financiero de buena parte de los estatales, empieza a perder peso en una estructura estatal cada vez más fragmentada.
La letra chica que nadie cuenta
La resolución establece que las nuevas cuentas sueldo deberán ofrecerse sin costos de apertura ni mantenimiento. Sin embargo, nada dice sobre las comisiones por transferencias, adelantos o préstamos personales, donde los bancos privados suelen hacer diferencia. En tiempos de ajuste y caída del salario real, para miles de estatales esto no es libertad, sino una nueva trampa en nombre de la “desregulación”.En definitiva, la medida le quita otro resorte al Estado y agranda el espacio para un sector financiero que festeja en silencio cada vez que el Gobierno se corre.
