La fiscalía federal de Lomas de Zamora pidió desestimar la denuncia de Lourdes Arrieta, una de las diputadas de La Libertad Avanza (LLA) que participó el 11 de julio pasado de la visita a Alfredo Astiz y otros genocidas que están presos en el penal de Ezeiza. La investigación continuará con el foco en cómo se gestó la excursión y si el Servicio Penitenciario Federal (SPF) –que depende de Patricia Bullrich– incurrió en irregularidades a la hora de permitir el cónclave entre legisladores y represores.Arrieta es una de las dos diputadas que se arrepintieron de haber sido parte del viaje hasta Ezeiza. En declaraciones públicas, dijo que no sabía quién era Astiz porque nació en 1993. Con el correr de los días, Arrieta presentó una denuncia penal en Lomas de Zamora en la que dejó al descubierto cómo funcionaba el grupo de amigos de los genocidas que pretenden que vuelvan a sus casas.La diputada libertaria denunció al jefe del SPF, Fernando Martínez, y al director del complejo penitenciario de Ezeiza. También apuntó contra otros excursionistas: Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro y Alida Ferreyra Ugalde. No implicó a Rocío Bonacci –la primera legisladora en despegarse del grupo de los legisladores empáticos con los criminales de uniforme– ni a María Fernanda Araujo, que viene guardando un estudiado silencio. En su presentación también pidió que se investigue a Sharif Menem, mano derecha de Martín Menem en la presidencia de la Cámara de Diputados.La denuncia de Arrieta también incluye a dos abogados que actúan como defensores en causas de lesa humanidad –Ricardo Saint Jean y María Laura Olea– y al exjuez de la Cámara Federal de Casación Penal Eduardo Riggi. La estrella de ese grupo es el sacerdote Javier Olivera Ravasi, que solía reunir a diputados y juristas en la sede de su fundación en Montevideo 871.El fiscal Sergio Mola le pidió al juez federal Ernesto Kreplak que desestimara la denuncia contra Arrieta en duros términos. En primer lugar, consideró que la diputada hizo “una serie de consideraciones de carácter pueril, carentes de verosimilitud y provistas de un infantilismo que hiere la inteligencia del másdesprevenido”. Dijo, además, que recurrió a la justicia para despegarse de un hecho que la tuvo como protagonista. “So pretexto de una extravagante posible comisión de delitos, pretende inmiscuir a la Justicia en un ámbito en el que no le corresponde ingresar, que es el de la discusión política intrapartidaria”, escribió Mola en el dictamen al que accedió Página/12.Para el fiscal, Arrieta no puede alegar ignorancia de qué se estaba gestando antes del 11 de julio porque participaba en grupos de WhatsApp en los que “surge con absoluta claridad, sin que exista lugar a dudas, que se iba a realizar visitas a detenidos por crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar”. Según Mola, los motivos del grupo y sus intereses eran explícitos y la diputada no podría afirmar que fue manipulada para subirse a la combi de la Cámara de Diputados y emprender viaje para encontrarse con los detenidos por secuestrar, torturar y desaparecer durante la última dictadura.Arrieta denunció haber recibido mensajes intimidantes de una participante de uno de los chats identificada como Marta –que le decía que era peor que Lilia Lemoine–, de Benedit y del propio Astiz. Según su relato, el genocida se le acercó al final del encuentro y le dijo que la conocía porque su padre también era veterano de la guerra de Malvinas. “Resulta por demás lógico que el visitado supiera quiénes eran los legisladores que concurrirían al establecimiento carcelario. Vale recordar que no fue una visita sorpresa y que los detenidos, entre ellos Astiz, los estaban esperando, todo lo cual se desprende de la propia denuncia”.El fiscal sostuvo, además, que no encontraba delito en la utilización de la camioneta Renault que proveyó la Cámara de Diputados para la visita.El dictamen llegó esta mañana al juzgado que subroga Kreplak. El juez le había asignado custodia a Arrieta y a su familia después de que ella manifestara que sentía temor. Resta saber qué temperamento adoptará frente a esta situación, que volvió a manifestarse el martes en la Comisión de Peticiones, cuando comenzó a analizarse la situación de los seis diputados que fueron a visitar a Astiz y compañía. El diputado Eduardo Valdés, de Unión por la Patria (UxP), pidió protección para la libertaria.La decisión de Mola hace que respiren más tranquilos los integrantes del grupo de amigos de los represores y pone más presión en el Congreso, si efectivamente quiere investigar a quienes conspiran contra las causas por crímenes contra la humanidad –como reclaman los organismos de derechos humanos.La pesquisa continuará centrada en el rol del SPF. Esto se debe a que existe una denuncia que radicó el juez Daniel Obligado, del Tribunal Oral Federal (TOF) 5, a partir de que el abogado querellante Pablo Llonto y el fiscal Félix Crous pidieran que se investigue si no se cometieron irregularidades a la hora de permitir el ingreso de los diputados para reunirse con Astiz y compañía.
21 noviembre, 2024
