El Convenio de Albufeira, firmado hace 25 años, estableció por vez primera los compromisos de España y Portugal para gestionar los cinco ríos que comparten (Miño, Lima, Duero, Tajo y Guadiana). Pero hace 25 años no se podía prever ni la frecuencia de las sequías ni los grandes consumos de agua asociados al desarrollo de la agricultura y el turismo que se darían a ambos lados de la frontera. En la próxima cumbre ibérica que los Gobiernos de ambos países celebran este miércoles en Faro, en el Algarve, está prevista la firma de un nuevo acuerdo que se centrará, sobre todo, en los ríos Tajo y Guadiana. Ambos Gobiernos se han inclinado por negociar un acuerdo sin entrar en la revisión del convenio, que dilataría más el procedimiento y su puesta en práctica.Uno de los temas polémicos que se prevé zanjar a nivel institucional es la compensación económica de los agricultores españoles por la captación de agua en el embalse del Alqueva, situado en el Alentejo a poca distancia de la frontera y considerado el lago artificial más extenso de Europa con sus 250 kilómetros cuadrados. “Los usuarios españoles comenzarán a pagar lo mismo que los portugueses”, informó la ministra lusa de Medio Ambiente, Graça Carvalho, hace unas semanas, después de anunciar un compromiso con la vicepresidenta española y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Portugal no logró compensaciones retroactivas por una práctica que, sostienen, se ha desarrollado durante las últimas dos décadas, cuyo coste habían evaluado en 40 millones de euros por el consumo ilegal de 50 millones de metros cúbicos anuales.Pero el Gobierno español desestimó una indemnización retroactiva y se ha centrado en aclarar los términos para el futuro. En la rueda de prensa celebrada a finales de septiembre, la vicepresidenta Teresa Ribera señaló que la compensación reclamaba “algo que hasta ahora no existe, no solo el recorrido histórico de quienes eran los beneficiarios del agua, que pueden haber cambiado en 40 años, también la manera de medir el volumen”. Del lado portugués se estima el coste del consumo español en dos millones de euros al año, que tendrían que abonar a partir de ahora los agricultores andaluces y extremeños que recurren al agua del Alqueva, en la cuenca hidrográfica del Guadiana.La otra cuenca hidrográfica que ha acaparado las negociaciones es la del Tajo. En Portugal, tanto ecologistas como especialistas llevan tiempo reclamando la fijación de caudales ecológicos en el río. A comienzos de septiembre una treintena de organizaciones exigieron la publicación de los términos del acuerdo entre ambas ministras, pero lo cierto es que, a pocas horas de la cumbre, todavía hay flecos pendientes. De hecho, está previsto que Teresa Ribera se desplace un día antes de la cumbre a Lisboa para cerrar la negociación con su homóloga portuguesa.El tratado internacional firmado en 1998 por el entonces primer ministro luso António Guterres y el presidente español José María Aznar contemplaba caudales mínimos para cada río compartido, pero no caudales ecológicos que fueron introducidos por mandato comunitario dos años más tarde. España y Portugal establecieron en 2008 unos nuevos indicadores temporales para los caudales mínimos, pero siguieron pendientes los ecológicos, que garantizan el nivel de agua necesaria para que se desarrollen los ecosistemas fluviales. Del lado luso se reprocha que España puede cortar las aportaciones de agua durante días y luego realizarlas de golpe, una práctica que perturba los ecosistemas del río y altera los estuarios al favorecer la salinización en los periodos de escasez de agua fluvial.Este año el Movimiento por el Tajo (ProTejo) ha presentado una queja ante la Comisión Europa contra España y Portugal al considerar que incumplen la directiva cuadro del agua por no aplicar los caudales ecológicos en el río y seguir aplicando “un régimen obsoleto de caudales mínimos del Convenio de Albufeira, fijados de modo político y administrativo hace más de dos décadas”.
23 octubre, 2024
