El Doñana ha cambiado mucho en los últimos años. Tanto que ya ni se asemeja a cómo lucía su paisaje hace unas décadas. Este paraje natural que da vida a tantos ecosistemas y que un día fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, está en grave peligro: se está secando, literalmente, muriéndose de sed ante la pasividad de las instituciones. El motivo es una sequía imparable. Pero a ella se le suma una sobreexplotación del acuífero y la existencia de cientos de pozos ilegales.
Hoy eso está a punto de cambiar.
El contexto. En Magnet nos hemos hecho eco de este fenómeno en varios artículos, repasando la situación de este humedal emblemático de nuestro país, y de cómo la agricultura y el turismo han agravado la escasez de agua, a la vez que han creado una larga disputa entre los agricultores de la zona. Lo primero que hay que saber es que, durante los últimos años, los agricultores cerca del humedal han pasado de cultivar productos adaptados a la sequía, como aceitunas y cereales, a cultivos más intensivos en agua, como las fresas.
La profileferación de pozos ilegales, la mayoría no declarados y camuflados dentro de invernaderos, absorbían la vida de este paraíso ambiental. Este 2023 ha sido un año clave en el deterioro del paisaje: primero, por la sequía brutal. Y segundo, por una polémica proposición de ley del PP y Vox que iba camino de legitimar el uso indebido de agua en cultivos de regadío, principalmente de frutos rojos, y seguir con la política agraria actual: “agua para todos”.
El nuevo acuerdo. Hoy, la Junta de Andalucía ha dado marcha atrás. El ejecutivo popular ha firmado un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez que supone la retirada definitiva de la proposición de ley comentada y el cierre de los regadíos ilegales en el entorno de Doñana. “Todos ganan y nadie pierde”, ha dicho Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.
Mediante este pacto, los agricultores de la zona, recibirán hasta 100.000 euros por hectárea a cambio de dejar de cultivar sus tierras durante un periodo no inferior a 30 años. Con ese dinero, estos se comprometerán a “renaturalizar” sus tierras que hasta ahora explotaban para frutos rojos. Es decir, devolver el terreno a su estado natural, bien mediante reforestación o por la reconversión a cultivos de secano o ecológicos.
¿Por qué? Porque la situación actual era insostenible. La necesidad de dar salida a esas fincas para que dejaran de utilizar el volumen de agua exigido por cultivos de regadío (que no tienen derecho a utilizar) era imperante. La Comisión Europea estudió el caso y avisó hace meses al Gobierno de las consecuencias y posibles sanciones a las que se podría ver expuesta España. Ya el Tribunal de Justicia Europeo condenó la alteración de los hábitats protegidos provocada por las extracciones de agua.
¿A quién afecta? “Cualquier vecino con hectáreas en el área de influencia puede solicitar el acompañamiento para reforestación, establecimiento de secano o agricultura ecológica”, ha señalado la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera. Esto deberá llevarse a cabo durante el primer año de concesión de las ayudas y los agricultores recibirán el dinero en 5 o 10 años. Eso sí, los agricultores afectados por expedientes de extracción de aguas ilegales (mediante pozos ilícitos, por ejemplo) no podrán acogerse a esta ayuda.
El plan afectará a 14 del área, han explicado. Entre otras: Almonte, Bollullos, Bonares, Hinojos, Lucena, Palos, Moguer y Rociana en Huelva; Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa en Sevilla, y Sanlúcar de Barrameda en Cádiz.
¿Cuánto va a costar? En total 1.400 millones, según cálculos del Gobierno y la Junta. El primero pondrá el 70%. El segundo, el 20%. Y la Diputación de Huelva, el otro 10%. Dentro de esta inversión habrá fondos para servicios sociales, para planes de empleo así como para el acceso a la vivienda o para obra hídrica. El sector agroalimentario es uno de los que mejor salen parados: tendrán los 100.000 por hectárea y, además, ayudas para la diversificación, mejora de calidad de sus productos y para I+D.
La situación. Se apreciaba de manera muy clara en unas fotografías satelitales realizadas por Copernicus recientes que comparaban cómo la sequía y las malas políticas estaban haciendo mella en la zona. Tal y como explica el Observatorio, que monitoriza la sequía en toda Europa y proporciona información de alerta a los diferentes países: “Los embalses de la cuenca se encuentran actualmente a una baja capacidad del 25,5%”. Eso es un 36,5% inferior a la media de los últimos 25 años. Un drama.
Imagen: GTRES (Guillermo Martinez)
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