Cristina Fernández de Kirchner irá este miércoles a Comodoro Py a declarar como víctima en el juicio sobre el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022, en el que están en el banquillo tres acusados por le hecho material, pero ningún posible responsable intelectual y/o económico. La cita es a las 9.30. El mismo día, pero a las 14.30, su exviceministro de Justicia y uno de sus más estrechos colaboradores, Juan Martín Mena, fue citado a dar testimonio en otra causa a cargo de la jueza María Servini en la que se intenta reconstruir cómo se dañó el celular del principal acusado, Fernando Sabag Montiel, en las primeras horas de la investigación sobre el atentado a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti. La coincidencia de fecha es una provocación y la querella de la expresidenta pedirá la reprogramación de la citación del exfuncionario, actual ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Esta misma semana la Sala I de la Cámara Federal resolvería si se debe investigar o no el borrado de los celulares de Gerardo Milman y dos colaboradoras, protagonistas de la pista en la que un testigo dijo haber escuchado al diputado del PRO dos días antes del ataque a CFK decirles a esas mujeres “cuando la maten yo estoy camino a la costa”. Una de esas colaboradoras, Ivana Bohdziewicz, describió ya el año pasado en la causa que la habían llevado a vaciar el teléfono a una oficina de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de quien por entonces Milman era jefe de campaña. Que a su compañera Carolina Gómez Mónaco le dijeron que se comprara un nuevo Iphone y cambiara la clave, y que el dispositivo de su jefe también fue “manipulado”. Ni la jueza Capuchetti ni el fiscal Carlos Rívolo quieren investigar esa maniobra y por eso decidirá el tribunal de alzada. Por otra de esas casualidades quien sabe si tan casuales, en medio del escándalo de las visitas de diputados y diputadas de la Libertad Avanza a genocidas, la Cámara de Casación decidio convocar justo también este miércoles a Bullrich después del mediodía. La ministra fue citada a las 14 en el marco del análisis sobre la situación de las cárceles federales que realiza ese tribunal.
El juicio por el atentado
El intento de magnicidio contra CFK fue el hecho de violencia política más grave desde el retorno de la democracia. Sin embargo, no tuvo ese tratamiento durante la etapa de instrucción, a excepción de alguna mención del fiscal en su dictamen de elevación a juicio oral. La entonces vicepresidenta declarará en su carácter de víctima en un lugar donde sistemáticamente el propio Poder Judicial, mediático y sectores de la derecha política buscaron que fuera una y otra vez como acusada. Cuando se produjo el intento de asesinato declaró en el departamento donde vivía en Juncal y Uruguay, a metros del donde ser produjo el hecho. La jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo fueron allí a escuchar su testimonio. Fue breve. Dijo que no advirtió lo que había ocurrido en el momento. Después recibió el relato de su secretario Diego Bermúdez y lo vio por televisión. Habrá que ver si amplía su descripción. Es posible que algunas preguntas deriven una revisión del contexto de entonces. Alguna de las defensas vienen insistiendo en poner en cuestión el papel de su custodia, lo que es usado por algunos medios para intentar sembrar suspicacias sobre ella y sus guardaespaldas. Es otro recurso para intentar minimizar su lugar de víctima. Cristina irá acompañada a la audiencia por dirigentes de la política y posiblemente referentes de derechos humanos. Hasta ahora ha hablado poco del intento de magnicidio. Tal vez donde se más se explayó fue en México. Allí recordó la persecución sufrida por ella y otros líderes de la región a través del aparato judicial, pero dijo que en su caso yo no es solo “de persecución política”. “En mi caso es de persecución y de vida”, aludió al atentado. Reprochó que, por obra del recorte que hicieron la jueza Capuchetti y la fiscalía se limita a investigar “a autores materiales que aprehendimos nosotros y no investiga a los responsables económicos. ¿Qué me salvó? Dios, la Virgen y este rosario. Y los militantes que lo atraparon (a Sabag Montiel)”. Además de Sabag, el hombre que intentó disparar y la bala no salió, son juzgados quien era su novia, Brenda Uliarte, y Gabriel Carrizo, quienes –salvo alguna excepción– están presentes en las audiencias aunque no es obligatorio.
El celular de Sabag Montiel
El teléfono que el hombre que intentó matar a Cristina llevaba consigo aquella noche, un Samsung modelo SM A50 5G con 64 GB (gigabytes), quedó dañado menos de 24 horas después del ataque. Nunca se pudieron recuperar sus mensajes, por ejemplo, de WhatsApp y otros sistemas de mensajería. Habrá novedades en dos órdenes sobre este tema. El Tribunal Oral Federal 6 ordenó un nuevo peritaje, a riesgo de que se pierda el material pero también con alguna posibilidad de rescatarlo. Está previsto para este martes a las 10 de la mañana en un laboratorio de análisis de telecomunicaciones de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), donde participarán peritos de Gendarmería también. Por otro carril, la jueza Servini tiene a cargo la causa judicial para saber qué pasó con el celular, en la que CFK se constituyó también como querellante. Este expediente tramita con particular parsimonia. Hubo varias declaraciones suspendidas con el argumento de que le había tocado la causa contra los 33 detenidos por la movilización contra la Ley Bases. Justo reanudó todo lo refereido al celular ahora. A Mena lo citó para el miércoles ya que pos atentado viajó en el mismo auto donde la Policía Federal llevaba el teléfono al juzgado de Capuchetti en un sobre lacrado y dentro de otro llamado Faraday (que bloquea señales). No quería quitarle la vista de encima. La magistrada también citó para el miércoles de “super acción”, después de haber suspendido su declaración con aterioridad, a Damián Neustadt, que era director de Inteligencia Criminal. La lógica es que postergue estos testimonios. La semana pasada tomó dos declaraciones relevantes: una a la agente de la Federal encargada de la custodia de Capuchetti, Priscilla Santillán, y al secretario Federico Clerc. Para entender por qué son relatos relevantes hay que recapitular qué pasó después que el celular llegó al juzgado de Capuchetti, a las 2.49 de la madrugada ya del viernes 2 de septiembre. La magistrada convocó en ese momento a dos efectivos de la Policía Federal de Cirbercrimen para que extrajeran la información del dispositivo en su despacho, pero los efectivos fallaron (no eran especialistas en esta tarea). El cabo Alejandro Heredia se encargó de la operación. Al conectar el teléfono, que estaba apagado, le pedía un patrón de acceso — que no tenía– y luego al enchufarlo al sistema UFED (Universal Forensic Device) le daba error. Lo intentó algunas veces y desistió. Extrajo datos de las tarjetas SIM y de memoria, como fotos de Sabag Montiel y Uliarte empuñando el arma. El aparato quedó en el juzgado durante todo ese día, supuestamente en la caja fuerte según declaró personal del juzgado. Por la noche la jueza mandó a Santillán, con el celular al laboratorio de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Allí aguardaba para hacer el peritaje la oficial principal Camila Dafne Seren y el subinspector Pablo Kaplan, del Departamento Técnico de Criminalística de la PSA. En un acta dejaron constancia de que recibieron el sobre abierto (se había roto la cadena de custodia), el aparato encendido y un cartel rojo que decía “”Samsung Galaxy A50-Warning: CMDLINE Parameter”. El aparato no iniciaba correctamente cuando lo conectaron al UFED y quedó reseteadao de fábrica, según anotaron también. El secretario Clerc declaró, según pudo reconstruir Página/12 con fuentes judiciales, que Samsung había quedado guardado en el juzgado dentro de un sobre cerrado. Que al enterarse que la PSA tenía mejor tecnología para bajar la información decidieron enviarlo a esa fuerza y que previamente le pidió a una empleada que extrajera el sobre, que lo abriera para constatar que estuviera el teléfono, verificara si estaba apagado. Habría dicho que lo volvieron a cerrar y se lo dieron a la agente Santillán. Ella también declaró como testigo el viernes y relató que, en efecto, llevó el celular a la PSA en Ezeiza, dijo que el sobre estaba cerrado, que se lo dio a Kaplan, mientras le ofrecieron un café, dio a entender que el perito se apartó y de prontó lo oyó exclamar “¡el sobre está abierto!” Santillán firmó en ese momento el acta que daba cuenta de esa irregularidad y el teléfono prendido. Ahora estaba diciendo otra cosa. Su explicación fue que en ese momento estaba cansada. Esta justificación apunta a proteger a Capuchetti. Hasta ahora los imputados son Heredia, Seren y Kaplan. Habían sido citados a indagatoria pero hasta ahora nunca fueron interrogados.
